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Tras la masacre y el éxodo de la población de El Salado vino el despojo. Por ejemplo: Pedro Martínez salió horrorizado del pueblo y vendió sus tierras por una miseria a un tercero que compró no sólo la finca de Pedro sino la de muchos de sus vecinos (pincha aquí). Un montón de tierras y de fincas que terminaron en manos, entre otros, del grupo Argos, una de las mayores cementeras de América. Pero además un grupo que se diversifica en numerosos negocios, como por ejemplo sembrar la región del Carmen de Bolívar con miles de árboles de teca, una madera preciosa procedente de Myanmar conocida como ‘la reina de las maderas’ y que tiene una gran demanda. Un proyecto, el de la teca, de 6.000 hectáreas de las que hoy sólo quedan alrededor de 1.200 Has. ‘Un cultivo que ha ayudado a incrementar el calor de la región y el desabastecimiento de agua’, me cuenta Karen, una técnica en reforestación que pretende recuperar parte del deteriorado ecosistema local. Un bosque seco adaptado a la región que permanece verde hasta enero, se seca como protección a los veranos, que aquí alcanzan picos de 47ºC, y permanece gris hasta que las primeras lluvias del invierno le permitan una explosión de exuberancia. ‘Hoy casi no se ve porque los grandes cultivos y la ganadería han reducido el bosque a la mínima expresión’. El resultado, dice ella y dicen los vecinos: mucho más calor. Mucha menos lluvia.

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Karen se reúne en una vereda perdida del Carmen de Bolívar con campesinos de áreas remotas para convencerlos de la necesidad de recuperar el bosque original. Para ello deberán ceder parte de sus parcelas y conseguir así un corredor natural que consiga repoblar la región. Los campesinos cuentan sus problemas a la sombra de un pabellón. ‘No nos llega con el agua que recogen las canecas’, dice uno. ‘Hay que cambiar los cultivos para maximizar el poco agua que tenemos’, dice otro. ‘A veces tenemos que elegir entre beber o lavarnos’. La naturaleza es tan generosa en esta región como rácana cuando se le agrede. Y se le ha agredido mucho. Tanto como a sus vecinos. ‘Los terratenientes, además de cultivos extraños a la región, han traído búfalos de agua’, me cuenta Karen, ‘pero esos animales contaminan el agua, siempre están dentro, la ensucian y la hacen imbebible’. Pero si algo cambió el equilibrio fueron los cultivos extensivos. ‘Finalmente la teca no resultó tan rentable como esperaban’, me comenta mientras atravesamos fincas plantadas con esta madera preciosa. La historia de Pedro Martínez malvendiendo sus tierras para beneficiar a una gran empresa no es única. Tras las masacres de El Salado, de Macayepo y Chengue, entre otras muchas, vuelve a encontrarse este nombre, el del Grupo Argos. En un acto sin mucha moral ni ética, la Reforestadora Caribe S.A., filial de Argos, destinó las tierras a la siembra de teca dentro del programa de captura de carbono del Protocolo de Kioto, certificado además por el mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. Argos fue condenada por el Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta a devolver las tierras a sus legítimos dueños y además a reconocer su responsabilidad en el aprovechamiento de la violencia para acumular tierras y reparar los daños causados. El Grupo Argos había intentado borrar su mala imagen con la donación de 6.600 hectáreas para campesinos despojados pero los muertos siguen en sus tumbas. Y los lazos del Grupo Argos con paramilitares y políticos corruptos igualmente enlazados con paramilitares resultan ya incontestables.

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los mundos de hachero

Karen imparte una charla sobre el bosque seco a los campesinos de las veredas de Carmen de Bolívar

Lo cuenta Alejandro Reyes Posada en Guerreros y Campesinos, tal vez el máximo experto colombiano en esto del despojo de tierras y asesor del gobierno en esta materia. ‘La estrategia equivocada de fomentar la creación de autodefensas privadas como complemento de la estrategia militar contra las guerrillas, en el contexto de una creciente inserción del país en el circuito de la economía de las drogas ilícitas, llevó a una situación de ruptura generalizada del estado de derecho en las regiones afectadas y, principalmente, de los derechos de propiedad territorial. Además condujo a una expulsión de la población campesina y a una concentración mayor de la propiedad territorial. Los grupos paramilitares evolucionaron desde movimientos de autodefensa de propietarios locales hasta convertirse en empresas armadas de conquista territorial, interesadas en dominar territorios y poblaciones locales, depredar los presupuestos y usufructuar los negocios del narcotráfico, el contrabando y la apropiación forzada de la tierra. El terror ejercido contra la población provocó un desplazamiento no menor de seis millones de personas en el último cuarto de siglo y transfirió una gran parte de las tierras abandonadas a una nueva capa de propietarios, algunos muy poderosos, asociados con las estructuras armadas’.

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La Corte Suprema de Colombia lo confirma en una sentencia de más de 500 páginas. ‘Los paramilitares no hubiesen logrado sus metas de no haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos (…), algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos…’ Los campesinos de El Salado sufrieron el mayor de los dolores, la muerte y, los supervivientes, el despojo de sus tierras en nombre de la lucha contra la subversión. Pero no fueron los únicos. El Centro de Memoria Histórica cifra en 6.5 millones de hectáreas la cantidad de tierra robada. Tan sólo 19 empresas tienen ya que devolver 53.821 hectáreas, y la investigación no ha hecho más que empezar. El Tribunal Superior de Antioquia llegó a calificar al Grupo Argos como autor de ‘una auténtica contrarreforma agraria que atenta contra la constitución nacional’ por el modo de acumular tierra y concentrar la propiedad aprovechándose de la zozobra originada por el conflicto armado. De hecho afirma que Argos se benefició al extremo de la masacre de El Salado.  Y no sólo de El Salado: hasta 12.500 hectáreas compró Argos en la región, al amparo de numerosas masacres en pueblos vecinos, como Macayepo, Chengue o Palo Alto. El hermano del que fuera su vicepresidente, Ricardo Andrés Sierra, servía de enlace entre los paramilitares y altos funcionarios de la policía y la fiscalía de Antioquia y hasta fundó una empresa de seguridad con paramilitares desmovilizados del grupo de Don Mario, un paramilitar y narcotraficante. A decir verdad, Argos no es la única empresa que se ha aprovechado del despojo de tierras, aquí puedes ver otras, muchas de ellas dedicadas al cultivo de palma africana, y que se niegan además a devolver las tierras despojadas.

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Los Montes de María

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Nuevamente Alejandro Reyes Posada: ‘El destino de las tierras abandonadas parece obedecer a pautas diferentes según sea el grupo armado dominante paramilitar o guerrillero. Para los paramilitares la apropiación de territorios de desplazados se enmarca en los objetivos de seguridad militar y de creación de santuarios para el negocio de las drogas y en algunos casos para el desarrollo de plantaciones agrícolas de largo plazo o ganadería extensiva, cuando se busca invertir ganancias. Los paramilitares estuvieron interesados en la propiedad de la tierra como forma de enriquecimiento, seguridad y garantía de lealtad de la población. Las guerrillas privilegiaron el control de la población para crear corredores de movilidad territorial y los abandonaban por cuestiones de táctica militar. Los guerrilleros acumularon dinero en forma líquida para gastar en armas, vehículos y abastecimiento logístico, aunque también emplearon violencia para desplazar a algunas poblaciones. La expulsión de población campesina tuvo, para los paramilitares, el propósito de romper vínculos de lealtad y cooperación con las guerrillas y crear otros afines a las autodefensas. Las masacres indiscriminadas servían como catalizador para espantar a la población que no se identificaba con las autodefensas y con las que no huían se organizaban las nuevas bases de apoyo a su favor. La masacre fue entonces una técnica militar para seleccionar adversarios o amigos, en la cual los desplazados que confesaban su adhesión a las guerrillas justificaban a posteriori su victimización y el despojo de su tierra’.

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Recuerdo entonces a Leonardo José contemplando cómo dos paramilitares ahorcaban a su madre en la plaza de El Salado, cómo decapitaban a sus vecinos, los desmembraban y los dejaban pudrirse al sol durante días y el pesar es aún mayor. Porque detrás de tanta indignidad no está la lucha contra la subversión ni siquiera la venganza porque alguien mató antes a otro alguien. Detrás se esconde tan sólo un saqueo, meditado y planificado, llevado a cabo por monstruos horrorosos sedientos de sangre pero ideado por unas élites políticas y empresariales que se han aprovechado de la guerra para ampliar sus fortunas y sus ya enormes fincas. Los datos hablan solos si nos referimos a las investigaciones por vínculos con el paramilitarismo. La costa Caribe es la región que tiene más miembros de su clase política tras las rejas: de los 25 senadores elegidos por los 7 departamentos del litoral en 2006, 11 renunciaron o fueron suspendidos por vínculos con los paramilitares. Los departamentos de Cesar y Magdalena se quedaron sin senadores porque los 4 que les correspondían a cada uno están presos. De los 3 de Sucre solo uno está libre y Córdoba perdió a tres de los seis que eligió. El único que tenía Meta terminó preso. Antioquia perdió tres nada más empezar las investigaciones.

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Las disputas por tierras no sólo dejan en evidencia a los empresarios y a los políticos sino al funcionariado. Adulteran hasta el software de los registros de propiedad, viven amenazados, muchos mueren. En Sincelejo asesinaron al jefe de registro, Óscar Moreno, por negarse a participar en la alteración pero ya había huido de Valledupar amenazado de muerte y porque su esposa murió ametrallada porque, también funcionaria, descubrió una red de testaferros para narcos y paramilitares. Una ciudad a tener en cuenta, Valledupar, porque por un lado alguien metió fuego a 20.000 folios incriminatorios y por otro encontraron familias muy humildes que poseían bienes por un valor de 17.000 millones de pesos. Sólo en el departamento del Cesar entre paramilitares, guerrilleros y narcos han arrebatado ¡¡tres millones de hectáreas a los campesinos!!, un tercio a manos de los paramilitares aunque tras las negociaciones están dispuestos a devolver cien mil hectáreas: un beneficio del 90%… Las notarías colombianas han dado cuenta de nada menos que 26.000 operaciones sospechosas aunque notarios y registradores de propiedad corruptos abundan. Y abundan tanto y son tantos los atentados contra las oficinas de instrumentos públicos que la memoria de la propiedad de las tierras en Colombia no sólo opera desde un lugar secreto en Bogotá sino que además hay copia en un país tercero que es secreto por seguridad…

Cultivos como el café, la teca, la palma africana, ganado como el búfalo de agua, el cebú o la vaca holstein como inocentes culpables de la muerte y catalizadores del conflicto colombiano. No es ningún consuelo pensar que la lucha ideológica sea el justificante de esta catástrofe pero pensar que detrás no hay más que una reforma agraria truncada y la sed de tierras de grandes terratenientes es realmente triste. Los muertos de El Salado no perdieron solo la vida. El asunto tenía mucho que ver con lo único que tenían. Sus tierras.

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