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Yihad quiere sorprenderme: le enseñaré la casa de un amigo que explotó en un autobús, me propone. Subimos cuesta arriba en un barrio palestino con los caminos de tierra y, arriba del todo, señala con un orgullo triste un solar. ¿Dónde está la casa?, le pregunto. ‘Aquí, esto es la casa’. Pero no hay construcción alguna, tan sólo un descampado sobre el que revolotean unos plásticos empujados por el viento. De la vivienda vecina sale un tipo con cara de pocos amigos: es el dueño de la casa que ya no está. Su hermano fue uno de esos suicidas que salpicaban los informativos de la televisión de imágenes desagradables, se inmoló en un autobús y mató a nosecuántos, el ejército apareció al cabo de unos días rodeando un par de bulldozers y echó la casa familiar abajo. ¿Y qué culpa tenía este hombre, me pregunto, de lo que hizo su hermano? ¡Y qué culpa tenía mi madre, mis hermanos, mis tíos! El tipo gesticula colérico en el solar que antes fue su hogar, tan sólo Yihad calma su ira con una conversación monocorde y de tono bajo. Yihad es un palestino que vive en un campo de refugiados del centro de Belén y que se ha empeñado en mostrarme los vericuetos de su ciudad y del que ya hablé aquí.

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Era la semana santa de 2004, apenas unos días después del asesinato del jeque Yashin, ya saben, aquel tipo ciego que dirigía Hamas desde una silla de ruedas y al que reventó un misil israelí (identificable sólo quedó algún tubo de metal de la silla de ruedas). No sería la única demolición de la que tuve conocimiento. Días después, en las afueras de Jerusalem, una familia espera sentada a la frondosa sombra de los árboles frutales de su jardín la llegada del bulldozer israelí. Veo mucha gente y no sé diferenciar quién es familia y quién no lo es. La casa tiene dos plantas y un sótano que parece más habitado que el resto de la edificación. Tiene altos techos, una escalinata, hay niños que corren, mujeres sentadas en sillas de plástico. Los hombres son todos mayores, muy mayores en según qué casos. ¿Cuál es el delito de esta familia?, me pregunto. El delito es, a su vez, su penitencia: uno de los hijos de la familia militaba en un grupo terrorista, me dicen, lo han detenido cuando pretendía inmolarse en no sé dónde, aunque la familia duda de esa versión porque, dicen, no se lo imaginan inmolándose en ninguna parte. Pretendo grabar su testimonio con una cámara de video que me han prestado unos palestinos porque la mía me ha sido requisada por las autoridades israelíes en el aeropuerto. Les grabo mientras relatan toda su epopeya: no sólo uno de los suyos ha sido detenido sino que varios más han sido muertos y ahora el estado israelí ha decretado un nuevo castigo: la casa familiar debe caer. Ya se ha ido el bulldozer: sin contemplaciones ni miramientos la estruendosa maquinaria entró en el jardín y, con un certero golpe en un pilar, la estructura se derrumbó. Las mujeres lloran sentadas en sus sillas de plástico, el edificio entero se tambalea, se hunde en según qué partes, pero milagrosamente sigue en pie. Eso sí, es inhabitable y amenaza con un derrumbe total en cualquier momento. Mis anfitriones hablan a la cámara, una mujer me habla de su hijo, mártir dice ella, y de cómo explotó en un bar llevándose por delante no sé cuántos estudiantes: doble castigo el suyo, ya no tiene hijo ni casa.

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No sé quién y no sé cuántos. No puedo especificar más porque la cámara, una vez estuvo el trabajo hecho, desapareció misteriosamente en manos de sus dueños palestinos, que no me dejaron ni una copia del trabajo. Era el año 2004, cuando el paroxismo de las demoliciones, las inmolaciones, los atentados en los autobuses y la Intifada tenían visos de llevarse por delante la salud psíquica de todos, palestinos e israelíes. Y, sin embargo, diez años después las demoliciones siguen su curso, aunque ya no haya inmolaciones ni atentados en autobuses.

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Yihad (Guerra Santa en árabe) me propone ahora visitar al amigo que provocó la demolición. ‘Era amigo mío’, asegura, ‘explotó en un autobús, te enseñaré su tumba’, dice mientras me lleva a un pequeño cementerio cerca del barrio. ¿Y qué culpa tienen los familiares?, me pregunto y le pregunto, ¿no se están creando más enemigos y más rencor los israelíes?, vuelvo a preguntarme, y Yihad mira al cielo como el que no tiene más respuesta que observar el tranquilo vuelo de un par de gorriones que no conocen fronteras ni checkpoints. La respuesta es obvia, me temo: al estado israelí no le importa granjearse algunos enemigos más, ya los considera a todos así, y el plan de judaización de todo el territorio palestino es mucho más grande y ambicioso que el de proteger incluso a sus propios ciudadanos de la ira de algún familiar colérico por la pérdida de un pariente y de su propia casa: total, todo será, antes o después, israelí, no podemos pararnos por minucias, parecen decir las frías declaraciones del ejecutivo de Tel Aviv. Y eso que dice el artículo 33 del Convenio de Ginebra que ‘no se castigará a ninguna persona por infracciones que no haya cometido’. Sin embargo, se hicieron, se hacen y, probablemente, se seguirán haciendo, aunque no todas se hacen como venganza: las hay que se ejecutan simplemente por motivos económicos y estratégicos (o mejor dicho: de limpieza étnica).

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2011 marcó el récord de demoliciones en lo que aquí conocemos como Tierra Santa: 622 estructuras palestinas terminaron por los suelos, de las cuales 222 fueron hogares familiares. Es decir: el 36% del total. Un hito que no pudieron superar el año pasado, es decir, en 2012, cuando fueron 604, de las que ‘sólo’ 189 eran viviendas. El resto de estructuras viene a referirse a refugios para animales, cisternas de agua y demás infraestructuras básicas de los vecindarios, incluidas carreteras y caminos. Aquí están las cifras de 2012  y en este exhaustivo informe, las de 2011, el año del récord.

Unas cifras frías y lejanas que esconden el drama que vivieron el año pasado 880 palestinos, la mitad de ellos niños, un número cercano al de 1094 personas que sufrieron lo mismo en 2011, y que es prácticamente el doble de las que sufrieron esta pérdida un año antes, en 2010. Según el Comité Israelí contra la Demolición de Hogares, el ICAHD, una ONG israelí que se enfrenta a esta ominosa forma de lucha,  desde 1967, año en el estado hebreo comenzó estas prácticas, son más de 26.000 los hogares que los bulldozers israelíes han demolido, hogares todos ellos, por si queda alguna duda, de propiedad palestina. El valle del Jordan es el lugar favorito para estas demoliciones: en 2011 una de cada tres viviendas fue derribada aquí, y, según asegura la misma ONG (recordemos: una ONG israelí), se trata de una medida con mucho de política porque ‘para un estado palestino viable el valle del Jordan representa una esencial reserva agrícola’, además de suponer la entrada al hipotético estado. Ya lo dijo Netanyahu en 2011, ¡nada menos que ante el congreso de los Estados Unidos!, ‘Israel nunca cederá el valle del Jordán, ni alcanzará un pacto pacífico bajo ninguna circunstancia, porque para el estado de Israel es vital mantener el control de la zona a lo largo del río Jordán’. Antes de la ocupación de 1967 en este valle vivían unos 320.000 palestinos, aunque hoy sólo son algo más de 65.000. Aquí tienes una espléndida referencia con galería de fotos de esta práctica en Al-Khas, que está en Belén, y en Beit Hanina (en Jerusalem este)

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La estrategia, como decía, tiene ya años y ha variado en función de las circunstancias políticas y de seguridad. La medida de destruir las casas de los familiares de los terroristas, se instauró en el verano de 2002, en un intento de frenar los atentados suicidas que trajo la segunda Intifada y que inundó los informativos de medio mundo con aquellas desagradables imágenes de autobuses despanzurrados y trozos de cuerpos esparcidos por calles enteras. Una solución que duró poco más de tres años, hasta que el 31 de enero de 2005 Israel suspendió su política de demolición de casas de terroristas palestinos tras las recomendaciones hechas por un comité militar designado por el ministerio de Defensa. Una decisión limitada a las demoliciones con carácter disuasorio, y no a las ‘tácticas’, es decir, que sólo afecta a las de familias de suicidas y atacantes, y no a las que ejecutan los militares para extender el perímetro de las zonas militares de Gaza (y en las que entran las que encabezan este artículo). Decía la comisión de investigación que el efecto disuasorio había sido mínimo y que las demoliciones alentaban a los palestinos a cometer más atentados dentro de un círculo vicioso sin fin. Además, aseguraron que sólo en una veintena de casos los padres convencieron a sus hijos de no participar en ataques contra Israel por miedo a perder las viviendas: un exiguo logro porque en el resto tan sólo se alimentó el rencor. Sin embargo, descartadas ya las demoliciones por causas de terror, siguen las tácticas, muchas encubriendo la estrategia estatal de estrangular cualquier intento de estado palestino, y parece bastante obvio pensar que los palestinos así desalojados alimentarán el mismo rencor al estado que las que fueron expulsadas por motivos de terror. Un argumento que no debió de impactar mucho en el ejecutivo israelí porque la medida volvió con fuerza en enero de 2009 y, a pesar de lo injusto (castigar a unos por el delito de otros) es la que más ruido hace aunque supone menos del 10% del total de las demoliciones.

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Naciones Unidas y la propia ICAHD piden el fin de esta ominosa política que ya no tiene en la violencia, a día de hoy,  una explicación (siquiera cicatera): ¿qué culpa tengo yo de que mi hijo sea un terrorista? Los beduinos del Jordán son los más afectados: el 57% de las estructuras derribadas en los últimos años les pertenecen y el 82% de los desplazados son beduinos. Dice ICAHD que el objetivo es la confinación de cuatro millones de residentes de la West Bank, Jerusalem Este y Gaza a enclaves reducidos que impidan la formación viable de un estado palestinos mediante la Judaización de los territorios ocupados, una estrategia que busca controlar directamente el 85% de la tierra dejando en manos palestinas el 15% de la tierra, en enclaves inconexos y que no tengan posibilidad de controlar ni su propio espacio aéreo, fronteras ni la esfera electromagnética de las telecomunicaciones. En este proyecto no tienen cabida, obviamente esos molestos beduinos que ocupan amplísimas extensiones, siendo tan pocos.. Dice el relator para los derechos humanos en los territorios ocupados, el profesor Richard Falk, que ‘la presión de las  autoridades israelíes para expulsar a las comunidades beduinas de sus tierras es deplorable e ilegal’, una táctica que se extiende más allá de esas comunidades y por las que Israel controla más del 40% del territorio de Cisjordania a través de 149 colonias y 102 puestos exteriores (que no son más que nuevas colonias aunque ilegales incluso para las leyes israelíes), una ingente cantidad de núcleos que albergan a más de 500.000 personas en permanente expansión.

 

Yihad mira la tumba de su amigo con una sonrisa y me devuelve la mirada: ‘no’, asegura, ‘yo no lo haré, mi lucha es otra’, dice mientras volvemos a su casa, en un campo de refugiados. ‘Hasta los veinte años no pude salir del barrio porque donde ahora hay calles abiertas antes había checkpoints que nos impedían el libre tránsito’. Las torretas de los controles parecen ahora monumentos al pasado, descascarilladas y el cemento rajado, aunque Yihad no las tiene todas consigo: no se fía de que vuelvan cuando menos lo espera. El dédalo de callejillas ha sido su prisión durante dos décadas, y con él todos los suyos. Dos décadas en las que, paradójicamente, hubieran firmado que uno de esos bulldozers que les dejan sin tierras cada día entraran en el barrio y se lo llevara todo por delante.