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Doña Rosalba sale de su casa con cincuenta y cuatro gramos de cocaína en una mano y su nieto en la otra. Hoy toca mercado y el camino hasta la población más cercana es largo: hay que ir en canoa porque la zona no tiene carreteras. En el colmado, una balanza de precisión hace las veces de caja registradora. ‘A dos mil pesos el gramo’, multiplica la dueña del comercio, ‘son ciento ocho mil pesitos’. Al cambio, apenas treinta euros. Doña Rosalba lleva la lista de la compra en la cabeza. ‘Póngame una ruedita de arroz, media de papa, lentejas, cuatro libras de maíz, diez cigarrillos, leche para los niños…’. En el interior de las selvas de Colombia la moneda de curso legal desaparece a veces arrollada por el valor siempre seguro de la cocaína. Ocurre cuando la presión del ejército es tan grande que los enviados por las mafias no pueden entrar en la zona. Los campesinos sienten entonces la asfixia de la necesidad, en ocasiones incluso hambre, y lo único que siempre tiene salida es la cocaína. El precio de las cosas se mide en gramos. Una cerveza, un gramo. ‘Eso ha pasado durante mucho tiempo’, bromea Pedro Arenas, alcalde de San José del Guaviare. ‘Hace años ciertos narcotraficantes cambiaban unos polvos por otros’, alude a la costumbre de pagar con cocaína los servicios de las prostitutas en las localidades más remotas de la selva.

Doña Rosalba con su bolsa de pasta base de cocaína

Pero la broma va más allá. Hoy día rige un sistema económico paralelo basado excepcionalmente en el intercambio de cocaína. Un medicamento para calmar el dolor, un gramo. Un almuerzo, dos gramos, y una partida de billar, tres. ‘Sí, es cierto, en algunas poblaciones del Amazonas se produce lo que ellos llaman el trueque, un cambio de cocaína por algunos productos, por ejemplo, por una libra de carne’, cuenta Marcos Baquero, concejal de San José y antiguo cocalero. ‘Yo mismo comencé con quince años ‘raspando’ la planta y luego pasé a procesarla’. ‘Aquí a los trabajadores les pagan en cocaína’, afirma Félix Bonilla, presidente de la Fundación Manos Limpias. ‘Los dueños de los laboratorios pagan al peso la mensualidad, y lo hacen a ojo, de un saco de cocaína calculan el sueldo a cucharadas, sacan varias paletadas y les dan una bolsa de media libra’. Los trabajadores se guardan la droga y la intercambian por alimentos básicos. Por las aldeas de la selva merodean, de cuando en cuando, los compradores. En sus todoterrenos o a bordo de embarcaciones, si la carretera no llega al pueblo, ofrecen cantidades irrisorias a los campesinos: sesenta céntimos de euros por gramo de pasta base pura. Otros se dirigen directamente al colmado local, donde el comerciante les espera con kilos de polvos blancos obtenidos del intercambio con los cocaleros.

‘Nosotros cambiamos coca por productos básicos cuando la presión de la policía es tan fuerte que los compradores no pueden entrar en nuestros pueblos’, me explica Yesid Pereira, un líder campesino de la zona. Entonces se produce lo que ellos conocen como ‘cambalache’. En algunos comercios cuelgan carteles con la leyenda ‘no cambalacho’, comerciantes que no acaban de ver claro el negocio. En los demás, las cajas registradoras han desaparecido y en su lugar aparecen modernas balanzas de precisión. Las bolsas con cocaína cambian de mano y los campesinos exigen no sólo productos sino incluso facturas. ‘Sacar un bulto de plátanos o de maíz es muy costoso mientras que si usted tiene un kilo de mercancía (cocaína) tiene dos millones de pesos en la mano que le sirven para cualquier cosa que usted necesite, eso es plata corriente, nosotros la llamamos la plata blanca’.

Doña Rosalba pasea por la calle mientras le preparan su pedido. ‘Hay que ayudar al campesino por solidaridad’, asegura la vendedora atando un gran paquete. ‘Nosotros guardamos la mercancía hasta que los caminos están despejados y pueden entrar los compradores: nos dicen que vayamos a tal sitio o vienen aquí mismo y la cambiamos por dinero legal’. El precio de la pasta base permanece estable desde hace seis años. ‘No es ninguna garantía, también tenemos pérdidas, porque hay campesinos que traen mercancía puerca y el que la compra descuenta, así que a veces perdemos dinero…’. Los campesinos cambian de todo. Desde harina a arroz, pasando por maíz o gallinas, en algunos restaurantes un almuerzo, el médico pasa consulta en gramos. ‘Yo cerveza no cambalacho’, cuenta la vendedora que prefiere ocultar su nombre, ‘porque la cerveza no es una necesidad, de pronto si uno tiene sed sí que la doy pero no para emborracharse’. ‘Hay veces que uno tiene más mercancía que pesos’, asegura Yesid. ‘Uno debe guardar sus gramitos en casa para intercambiar, y es más fácil cargar un kilo, o dos kilos, que llevar dos o tres millones de pesos’. Ocupa menos espacio y además es moneda corriente.

 

La nueva economía produce escenas impagables. Emilio Delgado salió desplazado de Miraflores, en las profundidades de la jungla, cuando las FARC amenazó su vida: ‘incluso al cura‘, cuenta divertido, ‘la gente le llevaba sus gramitos como limosna y yo le bromeaba diciéndole, padre, exija que se la den bien sequita para que no se rebaje tanto cuando la vaya a vender…’.

Vecinos de El Capricho, zona cocalera

Yesid explica la situación. ‘Nosotros somos narcoproductores’, asegura, ‘sembramos el cultivo, procesamos la pasta de coca y se las vendemos a otras personas, que son los que la cristalizan, y los que obtienen el lucro al pasarla a otros países: ahí es donde está el billete’, afirma serio. El problema es que esta estructura económica simplemente les permite sobrevivir un día más: los gramos de cocaína se convierten en maíz y pollo para comer, un cigarrillo o una cerveza como únicos lujos, y elementos químicos para producir más cocaína con la que comenzar de nuevo el proceso.

Los campesinos apenas saben leer pero sus conocimientos sobre química son abrumadores. ‘Ácido sulfúrico, ácido amoníaco, permanganato, cemento, gasolina, la ACPM, son materias primas muy fáciles de conseguir’, asegura Yesid, pero el gobierno ha extremado el control sobre ellas para evitar el procesamiento de cocaína, ‘por lo que llegan con un valor bastante alto y nos deja poco beneficio’.

 Ramiro es un buen ejemplo. Asegura pasar etapas de necesidad, a pesar de tener un cultivo en su rancho en plena Amazonía. ‘Quien no tuviera coca no recibía subvenciones, me dio putería y sembré una hectárea porque de otro modo no tenía acceso a las ayudas…’. Es decir, la sembró para arrancarla y conseguir dinero: la coca siempre es rentable. ¿Qué piensa usted si le digo que un sólo gramo vale en Europa 60 euros? ‘Pues no se ofenda pero allá debe de haber mucho vicioso y Colombia debería ser más sincera y decir, dejémosla libre, porque vea la pobreza en la que estamos y lo que ustedes pagan por fumarse las plantas…’.
Ramiro en su plantación de hoja de coca

A pocos kilómetros, Zacarías tiene sembrada varias hectáreas entre maíz y bananos. Hoy es día de recogida y cinco braceros han venido de las inmediaciones para ‘raspar’ la hoja. Cada arroba les reporta tres mil pesos: un euro. Hoy han recogido quince: se repartirán quince euros. Están agotados, sentados ante un horno de piedra esperando el desayuno. Este fin de semana hay fiesta en una aldea cercana y ya saben dónde invertirán las ganancias. Zacarías, mientras tanto, arrastra los sacos de hoja de coca al rudimentario laboratorio. Una hilera de bidones desgastados y de botellas aseguradas con cuerdas guardan los químicos necesarios para el proceso. Con un cortacésped de dientes romos pica la montaña de hojas hasta reducirla a una masa informe. Luego la riega con gasolina enriquecida con soda. Más tarde vuelve a verter gasolina reciclada de anteriores sesiones. Vuelca la mezcla en el interior de un barril, donde nuevamente le añade gasolina. El resultado adquiere un color verde oscuro mientras reposa en el bidón. Zacarías le añade cemento, éter, ácido sulfúrico. Todo sin la menor protección, incluso manipula el sulfúrico con unos dedos de piedra. ‘Si usted lo intentara le brotarían zarpullidos’, bromea. La mezcla es filtrada por medio de trapos hasta adquirir una consistencia parecida a un queso fresco marrón. Es la pasta. Los recipientes de los químicos terminan esparcidos por el suelo.

En el laboratorio de doña Rosalba, por su parte, trabaja su hijo y un yerno. Dos enormes y precarias ‘piscinas’ llenas de hojas de coca ocultan los muslos de los trabajadores. Los pies hundidos en un líquido formado por gasolina y ácidos parecen de barro cocido. ‘Nos metieron la ilusión de los árboles de maderas preciosas, del tomate y del pipire’, afirma sombría mientras señala su finca repleta de árboles, ‘pero no viene nadie a comprarlos y sacarlos es tan costoso que no le ganamos nada, así que nos especializamos en la hoja de coca peruana, que es más alta y da un rendimiento muy superior a la local’. Doña Rosalba, entrada ya en los sesenta, se ha convertido en una experta en cocaína. ‘El rendimiento de la hoja peruana es de hasta un veinte por ciento mientras que la colombiana apenas llega al trece… Con la coca lleva usted un tantito así y lo vende, cincuenta gramos son cien mil pesos, y por un racimo de plátanos pagan dos mil, así están como usted ve, pudriéndose’. Doña Rosalba paga a sus trabajadores en cocaína, y al menos una vez al mes acude puntual al cercano municipio de La Carpa con algunos gramos para cambiarlos por comida.

En Calamar no hay más de cuarenta vehículos pero si algo sobra es combustible. La ciudad, puerta a la Amazonía colombiana, tiene veinte gasolineras pero no deben ser suficientes porque la veintiuna está en construcción. ‘Usted sabe’, cuenta Pablo, un ingeniero local, ‘en esta zona la gente ha vivido siempre de la coca’. La gasolina es imprescindible para convertir la hoja en el narcótico. La llegada del ejército de manera permanente ha colocado al negocio contra las cuerdas pero la zona sigue siendo una de las máximas productoras de pasta base del país. Lo que quiere decir del mundo. De hecho, en algunos caminos rurales un olfato avezado descubre cierto olor a amoniaco surgiendo misterioso de la selva. ‘Dicen que los tiempos de la coca han terminado pero en cuanto ven a un forastero en moto todos corren para sacar el kilo que tienen bajo la cama, por si son los compradores…’ Tras catorce años de fumigaciones, la coca no desaparece sino que se multiplica. Además, las consecuencias no pueden ser peores: decenas de miles de hectáreas de selva arruinadas, problemas de salud y miles de desplazados. Y todo por una victoria pírrica porque el Guaviare, región conocida por servir de prisión a Ingrid Betancourt, esconde más de 10.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Sólo dos de sus poblaciones producen anualmente 75 toneladas de cocaína para el mercado mundial.

El control sobre los insumos químicos provoca situaciones delirantes. Las veintiuna gasolineras de Calamar son el más claro ejemplo de paroxismo pero en la oficina de Cáritas encontramos la guinda. Jaime Alonso es el sacerdote encargado de la misión pastoral en la región. ‘Hacemos obras que necesitan cemento pero nos toca hacer unos trámites tan engorrosos que cualquiera renuncia fácilmente’. De hecho, se plantea paralizar la construcción de unas unidades sanitarias para acoger temporalmente a los miles de desplazados que el conflicto causa en las selvas. ‘Hay que tener una carpeta registrada en el batallón militar, conseguir permanentemente permisos y documentos, que desaniman muchísimo’. La conocida como ley 30 incrementa el control militar sobre los insumos químicos, pero el efecto es devastador. ‘Hay quien compró gasolina de contrabando y está ahora en la cárcel, está el campesino que llevaba cemento sin permisos y está en la cárcel, y luego los jóvenes que pasaban cuatro o cinco kilitos de cocaína para sacarse un dinerito y también está en la cárcel’. Pedro Arenas, el alcalde de San José, habla de doble moral. ‘El caso de los combustibles es revelador porque es el estado el que tiene, a través de Ecopetrol, el monopolio de las plantas de almacenamiento, y son ellos los que venden a los minoristas que la comercializan en la región’. Durante años, esta selvática región con poco más de ciento veinte mil habitantes consumía más combustible que una megápolis como Bogotá, con una población superior a los ocho millones. Mientras las obras del padre Jaime peligran por la falta de cemento, los campesinos no tienen problema alguno para adquirir todo lo necesario en el mercado negro. Por un camino de tierra avanza tirada por un carro de mulos una gasolinera itinerante.

 En San José del Guaviare se levanta el cuartel general de antinarcóticos, una gran superficie con helicópteros, fumigadoras y depósitos de glifosato, el tóxico que extermina los cultivos. Modernas aeronaves sobrevuelan casi a diario las selvas para regar con herbicida los sembrados de coca que previamente localizan los expertos. El aeropuerto es un continuo trajín de personal: muchos son norteamericanos que inspeccionan los equipos, se aseguran de que el material esté en perfectas condiciones y hasta pilotan algunos vuelos. Tecnología de última generación cedida por el gobierno de Washington. ‘Tenemos un sistema que marca las áreas fumigadas’. Así elaboran un mapa con el que hacer frente a las denuncias de los campesinos. ‘La dirección verifica si se han producido daños no deseados para retribuirlos’, asegura Torres. Entramos en terreno resbaladizo. El herbicida no destruye sólo los cultivos de coca. También cae sobre los de plátano o maíz, sobre el ganado y sobre las mismas personas. Por cada hectárea arrojan seis galones, algo más de veinte litros de tóxico, y su efectividad es innegable. Un agente me muestra los bidones con el famoso glifosato. ‘Estos barriles los envía la empresa Monsanto’, cuenta, ‘y los envía gratis, es una cortesía de la embajada de los Estados Unidos, entra por Barranquilla y los envían por tierra, con todas las garantías, hasta aquí…’. Monsanto, claro, quién si no.
 
 Los cultivos mueren abrasados y los campesinos siembran menos coca. ‘Gracias a Dios el sistema funciona, aunque es un proceso largo’, comenta el mayor Torres. El mayor quiere más bases, ‘porque fumigamos pero ellos vuelven a sembrar’. Los campesinos obtienen hasta cuatro cosechas anuales y ‘si sólo fumigamos una vez al año les quedan tres’. La lucha se antoja digna de Sísifo. Apenas sube la roca a la montaña cuando ya rueda cuesta abajo. ‘Tenemos el SIMCI, sistema integral de monitoreo de cultivos ilícitos, auspiciado por la ONU, que ha detectado este año 102.000 Has, pero hace diez la estadística era de 160.000, así que no baja mucho de un año a otro pero algo sí que lo hace’. Sólo el 2008 la policía de Colombia fumigó 155.000 Has. Por el aire, fumigación. Por tierra, controles militares que buscan asfixiar a la guerrilla y al negocio de la coca.
Pedro Arenas es el alcalde de San José, la capital del departamento. ‘Catorce años de fumigaciones permanentes no han servido para acabar con los cultivos sino para duplicar, o tal vez triplicar, la deforestación porque en la medida en que no hay desarrollo alternativo, las familias se van más adentro en la selva, talan el bosque y vuelven a cultivarla, un ciclo que se repite todos los años’. El resultado, asegura, un 60% de desnutrición infantil, más de 7.000 quejas presentadas por destrucción de cultivos lícitos, de los que, según Arenas, menos del 1% han sido atendidas favorablemente en los siete años que lleva funcionando el plan Colombia. Por no hablar del nivel de desplazamientos, casi el 50% de la población, unas cifras que superan a las de Sudán o Iraq. ‘La norma reconoce como desplazado sólo al que es consecuencia directa de un grupo armado, es decir, guerrilla o paramilitares, pero el desplazado por la fumigación tiene que mentir para lograr el estatus’. Los campesinos huyen del interior de una selva que parece caérseles encima. En una cabaña, doña María llora la reciente muerte de su hijo cuando pisó una mina en su propia finca. ‘Por el cielo nos cae el veneno de la fumigación, por un lado disparan los guerrilleros a los militares, que están en el otro lado disparando también. Por si fuera poco, han sembrado el suelo de minas…’.
 Selva adentro, Zacarías hace cuentas. Por un kilo de pasta base puede obtener hasta dos millones de pesos colombianos, algo más de 600 euros. Restándole la inversión en químicos y braceros, la ganancia ronda los 400.000 pesos. Menos de 130 euros. Un gramo en España cuesta la mitad, le digo. Zacarías sonríe pensativo, ‘claro, un tercio’, calcula con torpe destreza. ¿Jamás ha tenido problemas con la ley? ‘No’, responde atareado con el cemento. ‘A veces vienen de la policía a avisarnos de que en unos días vendrá el ejército así que nos da tiempo para esconderlo todo’. La pesadilla de Sísifo. ‘El último informe de Naciones Unidas indica que la lucha antidroga es un fracaso porque después de una década regando glifosato en la selva, los cultivos de coca han aumentado un 27%’. Quien habla así es Félix Bonilla**, el presidente de Manos Limpias, luchador infatigable por los derechos humanos en la región: tanto que ha debido morir varias veces a juzgar por los atentados que ha sufrido y que optó por exiliarse después de que una bala dirigida a su cuerpo acabara con la vida de su suegro. Ahora ha vuelto con la bandera de los cocaleros.
Pedro Arenas, alcalde de San José del Guaviare, encuentra petróleo

Y efectivamente, la ONU asegura que aunque la cocaína producida se mantuvo estable, los cultivos han aumentado casi un treinta por ciento. Más cultivos, pero de inferior extensión, con menor rendimiento para la elaboración de la droga. Esa es la versión que da la razón a la política de fumigaciones. La otra, difiere radicalmente. ‘Los pilotos botan veneno desde un kilómetro antes y hasta dos kilómetros después del cultivo localizado porque el viento se lleva el glifosato’. El fijador, pues, termina adhiriendo el herbicida al bosque. ‘Para acabar con una hectárea de coca estimamos que devastan hasta seis de bosque, un crimen ecológico sin precedentes’. ‘Más daño hacen los laboratorios rústicos’, se defiende el mayor Torres, ‘utilizan químicos sin control, y además terminan por derramarse por el bosque’. Entre unos y otros, la selva amazónica del Guaviare desaparece a ojos vista: con una población de 120.000 habitantes cada año pierde 70.000 Has. O 70.000 campos de fútbol sólo en esta región. ‘Es un problema que debe involucrar a todos, porque se está acabando con una potencia ecológica a nivel mundial’. Según Naciones Unidas, los 60.000 campesinos colombianos que se dedicaban al cultivo de hoja de coca en el año 2006 pasaron a 80.000 sólo un año después.

El Mayor Torres en la base antinarcóticos del Guaviare

 

 ¿La solución es la legalización mundial? Pedro Arenas, rechaza esa palabra por motivos desconcertantes. ‘Si hoy se legalizara, el campesino se arruinaría de la noche a la mañana, porque traería una caída general de precios’. Arenas prefiere hablar de despenalización del pequeño productor, ‘considerarlo una víctima del circuito mundial de drogas porque en esta región sembrar coca es como para los chilenos sembrar uva’. Arenas, el único alcalde colombiano que critica abiertamente la actual política antidrogas, desconfía de la misma ONU. Tal vez por eso se mueve rodeado de guardaespaldas. ‘Creían los dogmáticos de la tolerancia cero que para el 2008 el mundo iba a estar libre de drogas, pero la realidad es completamente distinta. Sólo han acrecentado el problema, y lo único que han hecho es hacer transitar al mundo de las llamadas drogas de origen natural hacia las de diseño o de laboratorio…’. Mientras, en su aldea perdida en la espesura de la selva, Yesid coloca en la balanza del colmado su bolsa con pasta base en roca. ‘Noventa y nueve gramos’, la vendedora lee el peso y recita su salmo: ‘a dos mil pesos el gramo, ciento ochenta mil pesos’. El campesino también recita su mantra de mercado. ‘Una arroba de arroz, una decena de cigarrillos, una caja de panela, frijoles, alberjas, papel higiénico…’.                 
‘La Plata Blanca’ es un documental de José Luis Sánchez Hachero que ha competido en festivales como: Festival Internacional de Programas Audiovisuales, FIPA (Biarritz, Francia), Santiago Álvarez in Memorian (Santiago de Cuba, Cuba), DOCSDF (México DF, México), 12 Muestra Internacional Documental (Colombia), Colombian Cinema Showcase, Museo de Arte Latinoamericano (Los Ángeles, Estados Unidos), Festival Filmar en América Latina (Suiza), Festival Cine de Pamplona (España), Docstown: Muestra Internacional de cine Doc (Tijuana y Mexicali, México)

**En memoria del doctor Félix Bonilla, fallecido recientemente en Colombia