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La estatua de Simón Bolívar de la plaza Bolívar de Bogotá permanece inalterable ante las súplicas
Los indígenas colombianos vuelven a mirar el montículo donde dejaron enterrado el hacha de guerra hace ahora cuatro años. De nada les han servido las protestas regulares, las reuniones pacíficas, las buenas palabras. O eso piensan ellos. El ministro de transportes, Germán Cardona, señaló hace unas semanas a los pueblos indígenas, aseguran en la ONIC (la organización nacional de indígenas colombianos) como seres aparecidos, que brotan de la tierra, seres perversos que no son más que un estorbo para el desarrollo del país (actualidad ONIC). De pronto, la rabia contenida durante siglos vuelve a las sienes de los miles de indígenas que viven en un estado de abandono preocupante, asediados por esmeralderos y petroleros, por cocaleros y narcotraficantes, acribillados por guerrilleros y paramilitares, secuestrados por militares y delincuentes, expulsados de sus tierras por todos los anteriores y con la sensación de ser extranjeros en sus tierras ancestrales. Doscientos años después de la independencia, el sueño de Bolívar se ha convertido en una pesadilla inmersa en otra pesadilla. Los pueblos originarios del territorio colombiano exigen ahora una reunión con el presidente del país, Juan Manuel Santos, pero muchos recuerdan lo que ocurrió en su última petición: nada.
La Minga de los pueblos indígenas colombianos llegando a Bogotá
 
El 12 de octubre de 2008 45.000 indígenas de toda Colombia se dieron cita en la ciudad de Bogotá para protestar por lo que consideran un robo continuo y minucioso de su mundo. El evento se conoció como ‘La Minga’, una palabra quechua que alude a una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social (definición de Minga). Durante semanas, miles de indígenas recorrieron las carreteras, los caminos y las veredas de Colombia, bajaron de las montañas de Nariño, recorrieron penosamente los valles del Cauca, se internaron en selvas y cenagales, sufrieron bajas y enterraron muertos: concretamente, y sólo ese mes, el de octubre, tres, tres indígenas que murieron a manos de la guardia nacional. Y como colofón, su líder, Aida Quilcúe, vio morir a su marido asesinado por los soldados del ejército colombiano. Según Quilcúe, su marido y ella cayeron en una emboscada del ejército que querían convertirlo en Falsos Positivos (Falsos Positivos) pero Edwin Legarda, ese era su nombre, fue capaz de conducir cinco kilómetros para huir de la encerrona. Luego, murió.
 
 
 
 
Han pasado los años y los indígenas colombianos siguen enarbolando las mismas reivindicaciones. El conflicto armado ha desplazado a más de setenta mil de ellos, sobre todo en el departamento de Nariño, al sur del país. Un ejemplo: en estos días, cincuenta familias han abandonado sus hogares en El Palo, Caloto, en el departamento del Cauca, porque su aldea se encuentra en plena línea de fuego entre guerrilleros y militares del ejército (los niños abandonaron el colegio a bombazos). En la plaza del mercado de Llorente, en Tumaco, la capital de Nariño, cuatro jóvenes en moto acribillaron hace unos días a Gilberto y Giovanni, dos indígenas Awà especialmente activos en la defensa de su comunidad. Otro ejemplo: Duglas Antonio Pérez, un indígena Nasa del Putumayo, ha conseguido muerto lo que pocos indígenas han conseguido en vida: que la justicia ordinaria condene al Ministerio de Defensa colombiano por su ejecución extrajudicial para presentarlo a los medios de comunicación como Falso Positivo (y cobrar la recompensa ofrecida por el gobierno). El último: Fabio Domicó, gobernador de los Embera kative, fue asesinado hace unos días en su municipio de Nandó, Antioquia. Los Águilas Negras, un grupo paramilitar de extrema derecha, han amenazado a los líderes sindicales de Villa Garzón, en el Putumayo, por exigir a las petroleras canadienses Grand Tierra y Emerald Energy que inviertan en medio ambiente y beneficios sociales por los 23.000 barriles que extraen diariamente. Podemos irnos al otro extremo: de extrema derecha a extrema izquierda: las FARC han desplazado a los Jiw, ribereños del río Guaviare, hasta diecisiete veces en catorce años, además de ejecutar a los que se niegan a enrolarse en el grupo subversivo.
 
 
 
Más ejemplos (porque ejemplos nunca faltan). En el invierno de 1997, los indígenas U’wa anunciaron a los medios de comunicación que habían tomado una decisión desconcertante: en vista de que el gobierno colombiano había decidido entregar parte de sus tierras a la petrolera Oxy (Occidental Petroleum Corporation) los indígenas U’wa, dueños según la constitución de esas tierras, se consideraban muertos y, por tanto, convocaban a sus paisanos al más triste espectáculo: su suicidio masivo y ritual. El caso generó toneladas de artículos, reportajes, documentales, discusiones y revisiones históricas. Incluso algún historiador descubrió que en plena ofensiva de los conquistadores españoles, siglos atrás, los U’was metieron a sus hijos en barriles de madera y los arrojaron por un precipicio, para luego lanzarse ellos detrás: es decir, había un precedente del suicidio masivo con el que amenazaban y los gobernantes sintieron el vacío de las grandes catástrofes. Los U’wa, que significa ‘gente que piensa’, pusieron el dedo en la llaga pero hoy siguen en la lucha: no se suicidaron pero tampoco evitaron la entrada en sus tierras y ahora luchan contra Ecopetrol, la empresa nacional de petróleos. La especial relación entre petroleras e indígenas levanta chispas y en este link está toda la información sobre el problema que se cierne sobre los pueblos originarios colombianos: petróleo e indígenas
 
 
El 58% de los habitantes de Colombia son mestizos, mezcla principalmente de indígenas y blancos. Un 20% son blancos de origen europeo y casi el 11% negros de origen africano. A día de hoy, tan sólo el 3,4% de los colombianos son nativos con sangre cien por cien indígena. En Colombia habitan entre 102 y 87 etnias diferentes, según las fuentes, con una población algo menor de 1.400.000 individuos y 64 lenguas distintas. Las cifras bailan porque muchos habitan zonas remotas de difícil acceso y no tienen costumbre de acceder a los registros. 

La ONIC, Organización Nacional de Indígenas Colombianos asegura que son 102 los grupos étnicos, y eso que aún queda alguno por las selvas del sur sin contactar…

 

 

 

Al menos 34 de estos grupos indígenas están en peligro de extinción: los más amenazados son los Nukak Makú, de los que apenas quedan 200 individuos (mi visita a los Nukak Makú). 



Los Wayuú (aquí arriba el trailer de un documental sobre los wayuus que hice unos años atrás) son los más numerosos, alrededor de 500.000, pero se están desplazando en masa a Venezuela, donde encuentran mejores condiciones de vida, sobre todo en los alrededores del golfo de Maracaibo, tras las masacres realizadas a principios de la década por los grupos paramilitares de extrema derecha y las que actualmente realizan grupos de narcotraficantes que toman la zona como lanzadera del tráfico de cocaína a los Estados Unidos.

 
Embera Kative en Bogotá, trasladados por mafias que cobran suvenciones y los colocan por las calles para mendigar

Entre ambas etnias, los guayaberos, habitantes de las selvas del departamento del Guaviare, primer pueblo que ha sido desplazado en su totalidad de sus lugares de origen (por la guerrilla de las FARC): como colofón han vuelto a ser desplazados por el ejército norteamericano y el colombiano al construir una base militar en los terrenos que el gobierno les cedió tras el desplazamiento masivo provocado por la guerrilla. Como última anécdota vergonzosa, los embera kative, pueblo habitante de las selvas del departamento del Chocó, desplazados por mafias locales para cobrar subvenciones por desplazamiento de guerra y obligados a mendigar por las calles de Bogotá.

 

 
Guayabera trabajando a las afueras de San José del Guaviare
Según la corte constitucional de Colombia, al menos 35 de estos pueblos indígenas están en peligro de extinción física o cultural.

Que sus nombres perduren“. La situación es especialmente crítica para los Embera-Chamí y Embera-Dobida, así como para los Nasa, en Cauca, y para los Awá, en Nariño. La lista de los 35 pueblos en situación crítica identificados por la Corte Constitucional la completan los Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Wounaan, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Yanacona, Kokonuko, Senú, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva. Al menos, que sus nombres perduren.