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Una patera desembarca en una cala de Roche. En Conil de la Frontera, Cádiz. Los tripulantes bajan ante el asombro de los bañistas y se dividen en grupos de intereses. Los subsaharianos corren pero de alegría, saltan, elevan las manos, saludan contentos. Los marroquíes menores charlan con los bañistas, bromean. Los marroquíes adultos corren también pero como alma que lleva el diablo. Buscan lugares altos, bosques. Buscan huir. Pero los subsaharianos no: esperan a la policía, se abrazan, posan ante las cámaras. Tienen de su parte a la ley. Y no porque la ley les permita quedarse en un país al que han entrado vulnerando la frontera. No. Están tranquilos porque saben que la ley es inaplicable y que las garantías impiden su devolución al lugar del que vienen. Marruecos.

Según el artículo 1 del acuerdo hispano marroquí ‘las autoridades fronterizas del estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del estado requerido’. Y ahí comienza a complicarse la cosa. Para proceder a la readmisión, además de la prueba del estado requirente de la nacionalidad de la persona inmigrante (siempre que no sea ni marroquí ni español) es necesario también que se pruebe o se presuma que el nacional del tercer país ha entrado de manera irregular y, muy en particular, que se pruebe que procede del estado requerido, en este caso Marruecos.

Unos requisitos muy complicados porque no sólo hay que demostrar la nacionalidad del recién llegado y que efectivamente ha venido de Marruecos sino que todo eso hay que hacerlo en los diez días posteriores a la entrada ilegal en el estado requerido, según el artículo 3 del acuerdo. Se excluyen varios supuestos, claro está, entre ellos por ejemplo los que soliciten estatus de refugiado o los menores. Pero en lo más básico, la ley es inaplicable.

Cuando un inmigrante entra sin la documentación legal necesaria en España lo hace de modo irregular, ilegal. Si la policía lo intercepta tendrá que identificarlo, darlo de alta en un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y se inicia un procedimiento legal de expulsión regulado por la ley orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Los inmigrantes subsaharianos son identificados en el polideportivo de Tarifa, en Cádiz, antes de enviarlos a algún CETI

Centro temporal de acogida de inmigrantes del Campano, en Chiclana, gestionado por la Cruz Roja y abierto para descongestionar los demás centros de la provincia de Cádiz

Un procedimiento administrativo por el que el poder ejecutivo devuelve a un ciudadano extranjero a su país. Cuando el procedimiento de expulsión acaba entra en juego entonces el poder judicial porque ya existe una resolución de expulsión que puede recurrirse ante los tribunales de lo contencioso administrativo. Durante la tramitación los inmigrantes de países con los que no existe convenio pueden vivir libremente: muchos se quedan en los CETIs porque no tienen más sitio donde ir y allí reciben comida y techo unos días. Pero los hay que se construyen chabolas y viven de manera muy precaria, como ocurre en los campos freseros de Huelva.

Si el gobierno decide que se acabó esta libertad y pide al poder judicial que los interne, y el juez accede, los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIEs, se convierten en centros parecidos a los penitenciarios. En Melilla, por ejemplo, los subsaharianos desean esta medida porque en la ciudad hay un CETI pero no un CIE y así se garantizan el traslado a la península que de otro modo no podrían hacer porque apenas cuentan con recursos económicos. Los jueces de Melilla autorizan ingresos masivos en los CIEs porque así se garantiza que el gobierno les entrega las órdenes de expulsión y los inmigrantes desahogan unas instalaciones saturadas y salen de una ciudad de 12 kilómetros cuadrados que no les ofrece nada más que la recepción.

Este juez de Melilla lo explica así de bien (pincha aquí). La ley dice que no pueden estar más de sesenta días internados, un plazo exiguo para averiguar su procedencia y dar salida a todo el papeleo que incluye una respuesta de la administración del país de origen: pongamos por caso Camerún, conocido por su rapidez administrativa. Los subsaharianos salen entonces libres a la calle y de ahí a donde les plazca porque, recordemos, Europa ya no tiene fronteras. Aunque no todos se libran: alrededor del 35% de los inmigrantes que pasan por un CIE son expulsados. De hecho yo he visto llegar aviones al norte de Senegal cargados con inmigrantes deportados…

El acuerdo de 13 de febrero de 1992 entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente (BOE nº 100 yde 25/4/1992, corrección de erratas BOE nº130 de 30/5/1992) es hoy objeto de polémica. Fue el primer estado africano con el que España concluyó un acuerdo de readmisión, en 1992, a resultas de un incidente en el que ochocientos inmigrantes subsaharianos intentaron entrar en Melilla. Este acuerdo apenas se ha usado hasta el último intento de cruzar la valla de Ceuta, cuando más de cien inmigrantes subsaharianos irrumpieron en la frontera atacando violentamente a los agentes desplegados. Desde entonces, y sobre todo desde las últimas declaraciones del ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, parece claro que la excepcionalidad seguirá siendo la norma pero sin permitir abusos. ‘No se entiende que un ataque violento a la frontera no tenga consecuencias legales’.

Pero es una excepción que se ha usado para prevenir futuros ataques violentos. Porque la violencia perjudica la imagen de los inmigrantes, y entorpece el camino de los que vienen detrás, reafirma a los más tremendistas y, de tener éxito, abre un camino muy peligroso. Una medida pues amparada por un acuerdo legal pero muy contestada por distintas organizaciones internacionales que ven una sombra de la devolución express. En todo caso, y en mi opinión, una táctica equivocada porque la violencia no puede generar adhesiones. Porque la impresión entre los que los vemos llegar a diario es que la mayoría termina quedándose. Y atacar con ácido y palos a los agentes para sortear la frontera no les va a acelerar ningún proceso. Más bien todo lo contrario.